“Litigiosidad en Gaza: Ataque legislativo” de Eyal Weizman

Título original: Lawfare in Gaza: Legislative Attack, by Eyal Weizman

Por lo tanto, si se puede extraer una conclusión de la violencia militar es que… hay un carácter legislativo inherente en ella.”

Walter Benjamin

La magnitud del ataque de Israel de veintidos días contra Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, -que mató a 1.300 personas y dañó o destruyó cerca de 15% de todos sus edificios-, provocó amplias acusaciones internacionales a Israel por haber cometido crímenes de guerra. Una denuncia que pide procesar a comandantes israelíes presentada por un grupo palestino está siendo estudiada actualmente por un fiscal en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Israel ha demostrado su decisión de desafiar estas alegaciones poniendo en marcha una campaña internacional para defender su posición legal; al mismo tiempo, y de forma muy reveladora, sus censores se han preocupado de tachar los nombres en informes escritos y enmascarar las caras en las fotografías de los militares implicados.

Estas réplicas sísmicas legales del ataque contra Gaza exponen una paradoja: el ataque ha sido no sólo uno de los más violentos y destructivos perpetrados por Israel en su  guerra contra la gente palestina, sino también aquel en el cual los expertos israelíes en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), el área del Derecho que regula la conducta durante la guerra, estuvieron más estrechamente implicados.

Los abogados militares israelíes alegan que el daño extenso a la población civil no constituye, de por sí, una prueba de las violaciones de las leyes de la guerra; también quisieran pensar que las operaciones militares israelíes contemporáneas y los mecanismos de la ocupación son instituciones legales en la medida en que están adaptadas al DIH.

El DIH es un corpus legal restrictivo. Limita a quién se puede atacar en una guerra y cómo. Su función es reducir más que suprimir el sufrimiento. ¿Acaso la ley, en el caso de este ataque contra Gaza, ha contribuido a la proliferación de la violencia más que a su contención?

¿Es posible que el ataque contra Gaza no haya sido refrenado por un amplio uso del DIH, sino, más bien, que cierta interpretación y el uso de estas leyes han permitido, no sólo la justificación de las atrocidades, sino, lo que es aún más crucial, la calamidad de niveles de destrucción inconcebibles de otra manera? ¿El caos, la muerte y la destrucción se han perpetrado en el pleno ejercicio de la ley? ¿Si esto es así, deben pues los que se oponen a la violencia israelí utilizar la jerga del derecho internacional?

El paisaje de la litigiosidad

Las nuevas fronteras del desarrollo militar, que complementan progresos en el área de la vigilancia y de la selección de objetivos, se están explorando por el camino de una combinación de tecnologías legales y de prácticas institucionales complejas. El general retirado y juez militar americano Charles Dunlap ha llamado al resultado litigiosidad [lawfare]: ” el uso de la ley como arma de guerra”. Con el concepto de litigiosidad, Dunlap pretendía sobre todo demostrar cómo los más débiles, los agentes de los no-estados, intentaban conseguir una ventaja moral denunciando que los crímenes de guerra habían sido cometidos por el bando más fuerte, el ejército del Estado; pero la litigiosidad también podía ser utilizada por el Estado (véase Charles Dunlap, “Lawfare amid Warfare”, [“Litigiosidad de la guerra”], Washington Times, 3 de agosto de 2007).

El experto en Derecho David Kennedy considera que “la litigiosidad demuestra una relación inédita entre la guerra moderna y el derecho moderno” (véase War and Law [La guerra y la ley], Princeton University Press, 2006). Esto queda reflejado por la manera en que, por ejemplo, los abogados militares durante una campaña “[condicionan] legalmente el campo de batalla” estudiando mapas de objetivos e informando a los soldados sobre las maneras que les dan derecho a matar a civiles. El DIH entonces se convierte en el vocabulario ético para marcar el poder legítimo y la muerte justificable.

Los expertos militares en Derecho describen los intentos de limitar la muerte de personas presentes como un compromiso pragmático que intenta establecer un supuesto de “correcta” relación entre un ataque necesario contra “blancos militantes” [militant targets] y el número de civiles matados. La pregunta es qué es necesario, qué cociente es el correcto, quién es quién para decidir eso y quién para juzgarlo. Aunque el argumento de que tener leyes de guerra es una buena cosa pueda todavía ser aceptado, es necesario estar alerta ante la paradoja estructural que plantean: porque cuando prohíben algunas cosas, autorizan otras, y la frontera entre lo permitido y lo prohibido es el campo de batalla legal más intenso.

Se puede considerar el derecho internacional no como un corpus estático de reglas sino como una serie sin fin de litigios sobre esta frontera. La pregunta no es cuál es la interpretación correcta, sino quién tiene el poder de forzar que su interpretación llegue a tener autoridad. En este sentido, el derecho internacional no legitima simplemente la violencia sino que engarza realmente con ella.

Las tecnologías de destrucción

Yotam Feldman, en una investigación realizada para el diario israelí Ha’aretz, puesto de manifiesto un nivel sin precedentes de implicación de los expertos en derecho internacional durante el ataque contra Gaza para asesorar al personal militar sobre procedimientos, objetivos y alternativas operativas (véase Yotam Feldman y Uri Blau, “Consent and Advise”, [“Consentimiento y asesoramiento”], Ha’aretz, 5 de febrero de 2009). Uno de los oficiales en la Unidad de Derecho Internacional de los militares israelíes se lo expuso a Feldman de esta manera: “nuestra finalidad no era inmovilizar al ejército, sino darle las herramientas para ganar de un manera legal”.

Los portavoces militares israelíes también parecían haber sido adiestrados para la explicación de la operación con la jerga del Derecho Internacional Humanitario. Utilizaban  de forma rutinaria términos legales tales como “distinction”, distinción (entre los civiles y combatientes) y ” proportionality”, proporcionalidad (entre los civiles matados y los objetivos militares), describiendo así los blancos como “legitimate”, legítimos, y las muertes civiles como “unintended”, inintencionadas, o “collateral”, colaterales.

También parecía como si el adjetivo “humanitarian”, humanitario, se hubiera convertido en la forma de no comparecer en el contexto de explicar los varios aspectos del ataque. A los ya familiares “corredores humanitarios” (en el espacio) y “treguas humanitarias” (en el tiempo), se agregó ahora las “municiones humanitarias” (con cocientes de muerte más pequeños), y un cargo recientemente creado de “Ministro de Asuntos Humanitarios”, funcionando desde la “Oficina para la Coordinación Humanitaria” en una base militar cerca de Tel Aviv. Esta figura institucional, -Isaac Herzog, Ministro israelí del Bienestar y Servicios Sociales, la Diáspora, Asuntos de Sociedad y la Lucha contra el Antisemitismo-, era responsable tanto de la “coordinación humanitaria” como de la “explicación de las razones de Israel y su posición legal con respecto a los daños infligidos”.

Esta forma de recurrir al Derecho Internacional Humanitario se podría despachar fácilmente como propaganda cínica. La mayoría de los grupos de defensa de los Derechos Humanos también han apuntado correctamente y provechosamente que en cualquier caso el DIH no estaba siendo respetado correctamente en Gaza en la medida en que fue utilizado con demasiada permisividad, o que las directrices legales de los abogados militares en sus jefaturas de Tel Aviv no llegaban hasta los pilotos y los soldados en el terreno. Ambas reacciones, sin embargo, demuestran una fe en el Derecho Internacional de una manera que ha llegado a ser problemática en la edad de la litigiosidad, cuando entrar en esta arena del derecho y hablar en su nombre puede en sí mismo ser el problema.

Esto se puede ilustrar refiriéndonos a la experiencia de Israel durante su campaña de Líbano de julio y agosto de 2006. Israel entendió entonces que no podría parar el fuego de cohetes de Hizbollah y de las milicias equivalentes  por la vía del procedimiento militar tradicional de la “contrainsurgencia”. La lección se refleja en la doctrina militar israelí contemporánea (según lo marcado por el Instituto para los Estudios de la Seguridad Nacional) que incluye planes para castigar el lanzamiento de cohetes con “una ofensiva desproporcionada en el corazón del punto débil del enemigo, en la cual los esfuerzos para dañar la capacidad de lanzamiento son secundarios”.

El jefe del comando del norte, Gadi Eisenkot, explica lo que esto significa : “manejaremos un poder desproporcionado contra cada aldea desde la cual se disparen los tiros  contra Israel, y causaremos un daño y una destrucción inmensa. Esto no es una sugerencia. Éste es un plan que ya ha sido autorizado”(véase Amos Harel, “Las Fuerzas de Defensa Israelíes (DFI) planean utilizar una fuerza desproporcionada en la guerra siguiente”, Ha’aretz, 5 de octubre de 2008). Es decir: la violación del principio del Derecho Internacional de “proporcionalidad” se utiliza aquí como amenaza militar. Esta violación clara del derecho es lo que los expertos militares israelíes de Derecho Internacional intentan legalizar.

La lógica de esta perspectiva, -articulada tan a menudo en la jerga de la comercialización como “poner una etiqueta de precio” o de la psicología como “chamuscar la conciencia” de los palestinos-, es infligir tal dolor en los habitantes de Gaza (igual que en los del Líbano en 2006) como para forzarles a ejercer a su vez una presión política sobre Hamas. Si el terrorismo se define (y sin duda así debe seguir siéndolo) como violencia organizada para un propósito político dirigida contra los no-combatientes y sus pertenencias, este ataque solamente se puede definir como terrorismo.

El argumento de Israel según el cual la destrucción y la muerte causadas en Gaza eran los efectos secundarios deplorables de intentos militares de golpear objetivos militantes, -depósitos de munición, “infrastructura de doble uso” (es decir, infraestructura civil), sedes de jefatura militantes-, debe ser visto bajo este prisma. La doctrina formal, sus medios de puesta en práctica, y sus consecuencias, -que incluyen la destrucción de las ciudades y de los campos, los hospitales que desbordan, el miedo general-, fueron concebidos como partes de la finalidad del ataque, más que sus subproductos colaterales.

Las tecnologías de amonestación

El militar israelí, desde la guerra del Líbano, se ha preocupado aún más por evitar exponerse a una denuncia legal internacional. Los resultados incluyen la búsqueda de maneras para conseguir que la estrategia de destrucción a gran escala se pueda considerar acorde con los principios del Derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo, la “División del Derecho Internacional” de los militares y su rama operacional han ideado tácticas que permiten que sus soldados en el campo de batalla apliquen lo que se está denominando “tecnologías de amonestación [warning]”.

La capacidad de comunicar una amonestación durante una batalla es tecnológicamente complicada. Los espacios de batalla son entornos sucios, violentos y confusos. Comunicar una “amonestación” puede suponer ahorrar una vida; pero puede también en principio tener la ventaja de convertir en blancos “legítimos” aquellos cuya destrucción habría supuesto de otra manera la violación del Derecho. Puede así haber una relación directa entre la proliferación de la amonestación y la proliferación de la destrucción.

Una innovación dominante en este campo militar emergente de las “tecnologías de amonestación” ha sido el procedimiento denominado “llamar al techo” [“knock on the roof”]. Esto significa la proyección de “bombas de mentira” [“teaser bombs”], sin explosivos, diseñadas para hacer un impacto en la azotea de edificios lo bastante fuerte para asustar a los habitantes y para que escapen de su hogar antes de que sea destruído totalmente con una bomba explosiva.

Esta extraña denominación en clave es una distorsión basada en el método asentado de “llamar a la puerta” [“knock on the door”]. Esto significa que los militares (generalmente en la persona de un operador de lengua árabe de la fuerzas aéreas, y/o mediante un mensaje grabado) llaman por teléfono a una casa para informar a los habitantes  de que en algunos minutos su casa será destruida. A veces, llaman por teléfono a líneas que han estado desconectadas durante meses porque la factura no había sido pagada y qe se activan para realizar dicha llamada. El cuerpo militar arguye que realizó 250.000 llamadas amonestadoras durante el ataque de Gaza (un número extraño, si es cierto, puesto que hay solamente cerca de 200.000 hogares en Gaza). Prácticamente todos los titulares de un número de teléfono móvil en Gaza también recibieron SMS de los militares israelíes en sus teléfonos móviles: “cualquier persona con armas, munición o con un túnel ocultos en su casa debe abandonarla immediatamente”.

Muchos habitantes de Gaza no poseen un teléfono o un teléfono móvil; además, en cualquier caso, una sección diferente de los militares inhabilitó la red del teléfono móvil o se aseguró de que la electricidad estuviera cortada frecuentemente, dejando las baterías sin cargar. Aún así, los expertos jurídicos militares recomendaron el uso de prospectos para autorizar la expulsión de la gente de su hogar antes de su destrucción subsecuente.

Un oficial de la división de Derecho Internacional explicó a Yotam Feldman la lógica de estas amonestaciones: “La gente que entra en una casa a pesar de una amonestación no tiene que ser considerada en términos de lesión a civiles, porque son escudos humanos voluntarios. Desde el punto de vista legal, [una vez amonestada] no tengo que demostrar ninguna consideración por ella. En el caso de la gente que vuelve a su casa para protegerla, está participando en el combate”. Dando a los residentes la opción entre la muerte y la expulsión, esta interpretación militar del Derecho Internacional Humanitario cambió el puesto de la gente en las denominaciones legales, pues una llamada de teléfono transforma a “no-combatientes” en “escudos humanos”, que por lo tanto se pueden definir como “tomando parte directa en las hostilidades” y tirotearles como “blancos legítimos”.

La capacidad de los militares israelíes para advertir a la gente de Gaza de la destrucción inminente de sus hogares también ha permitido que se defina a la mayoría de los edificios en Gaza como blancos legítimos. La capacidad militar pretendida de amonestar y de realizar una destrucción “controlada” y “discriminada” pudo incluso haber creado más devastación que las estrategias “tradicionales”, en parte porque la retórica manipulante y eufórica usada para promulgarlos incita a oficiales y a políticos a que autoricen su uso frecuente y extendido. En este caso, las “tecnologías de amonestación (masiva)” contribuyen tanto a la proliferación como a la justificación retrospectiva de la destrucción total.

Los extremos elásticos del Derecho

Queda por saber si, en el caso de que los comandantes de campo israelíes se hubieran sentido más expuestos a una denuncia legal internacional, hubieran autorizado el nivel de destrucción visto en Gaza. En todo caso, el corazón del problema no es ningún ataque estéril e imaginado de amonestación controlada y de destrucción exacta, sino los peligros que fluyen de la introducción de los principios de litigiosidad en los arsenales militarolegales israelíes.

El Derecho Internacional Humanitario se basa en los tratados de derecho y derecho internacional consuetudinario. Este es fundamentalmente indeterminado y se constituye conforme a litigios constantes sobre su interpretación. Esto último significa que la práctica militar puede continuar conformando la ley. En tanto que la ley es algo pragmático, sus fronteras son lo bastante elásticas como para permitir interpretaciones diversas y su extensión subsecuente. Lejos de la oposición a la violencia, la ley se puede colocar del lado del uso de la violencia del Estado. De hecho, las tácticas legales autorizadas por los abogados militares en Israe  en el ataque contra Gaza se situaron exactamente en esta zona de la interpretación que existe entre las violaciones obvias y la legalidad posible.

El Derecho Internacional señala el límite de lo que la opinión pública internacional puede considerar como “tolerable”, pero estos límites se pueden estirar también por práctica militar. Las prácticas aplicadas bastante tiempo por diversos Estados, y apoyadas por las asesorías legales necesarias, podrían convertirse eventualmente en ley. El funcionamiento en el margen de la ley es así uno de los modos más eficaces de ampliarla. Según esta interpretación legal “postmoderna”, la violencia legisla.

El ex-asesor jurídico de los militares israelíes Daniel Reisner, dijo a Yotam Feldman que su trabajo consistía en encontrar el “potencial sin aprovechar en el Derecho Internacional” que permitiría acciones militares en la zona gris: “El derecho internacional se desarrolla con su violación… Un acto que se prohíbe hoy llega a estar permitido si es ejecutado por bastantes países […]; si el mismo proceso ocurriera en derecho privado, el límite de velocidad legal sería 115 kilómetros por hora y pagaríamos un impuesto sobre la renta de un 4 por ciento.” Por ejemplo, cuando la política de Israel de asesinatos selectivos obtuvo el imprimátur oficial a finales de 2000, la mayoría de los gobiernos y los cuerpos internacionales lo consideraban ilegal; pero, explicó Reisner, “ocho años más tarde [y un ataque contra los Estados Unidos de por medio] está en el centro de los límites de la legitimidad”.

La naturaleza elástica del Derecho y el poder de la acción militar para ampliarla en la edad de la litigiosidad se combinan para hacer de la gente de Gaza los objetos de un experimento, en dos sentidos. Primero, todas las clases de nuevas municiones y las técnicas de guerra son aplicadas y puestas en práctica. Y en segundo lugar, se prueban y se exploran ciertos límites: los límites de lo legal, los límites de lo ético, los límites de lo tolerable, los límites de qué se puede hacer a la gente en nombre de “la guerra contra el terrorismo”.

La lógica de esta realización puede ser la necesidad de los preocupados por los intereses y los derechos de la gente afectada por la guerra de emplear una estrategia doble, incluso  paradójica: utiliza el Derecho Internacional Humanitario, mientras que destaca los peligros implícitos en él y lo desafía en el terreno de sus auténticos argumentos, y de ese modo, también la base de su autoridad. En cualquier caso, el Derecho Internacional no debe ser la única lengua de la protesta y de la resistencia a la violencia israelí. El ataque contra Gaza debe ser condenado no porque es “ilegal”, sino porque sirve la lógica del control israelí sobre los palestinos.

Más que la moderación o la contención, puede que la verdadera cara del Derecho Internacional sea la violencia y la destrucción de Gaza.

Quisiera agradecer a Eitan Diamond y Thomas Keenan sus valiosos comentarios.

Eyal Weizman es arquitecto y Director del Centre for Research Architecture at Goldsmiths College. Ha publicado entre otros libros Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (Verso, 2007).  Este artículo ha sido publicado por Weizman en openDemocracy (25 de febrero de 2009) con licencia Creative Commons. Reproducido por MR en el enlace http://mrzine.monthlyreview.org/weizman270209.html . Traducción al castellano de Abdullah Abenyusuf, con agradecimientos especiales a Carlos Sardiña Galache  por comunicarlo y por sus consejos, y a PPP por la revisón. Traducción publicada originalmente en este blog situaccionista.

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